LA COMISIÓN LIBE DEBATE SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y EL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA
El lunes 13 de octubre, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) celebró un intercambio de opiniones sobre la situación del Estado de Derecho y la independencia judicial en España, en el contexto de la propuesta legislativa conocida como “Ley Bolaños”.
El debate contó con la participación de:
- Julien Mousnier, director para Estado de Derecho, Derechos Fundamentales y Democracia (DG JUST, Comisión Europea);
- Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista de Fiscales;
- Verónica Ponte, jueza, representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria;
- Antonio Roma Valdés, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Fiscales;
- Pilar Astray Chacón, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Durante el intercambio, se analizaron las implicaciones de la reforma propuesta por el Gobierno español, presentada como una modernización del sistema judicial y de la Fiscalía. Sin embargo, la mayoría de asociaciones judiciales y fiscales han expresado públicamente su preocupación, advirtiendo de que algunos aspectos del proyecto podrían incrementar la politización del poder judicial y debilitar los mecanismos de independencia y control interno.
Entre los elementos más controvertidos se encuentran:
- la modificación del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, sustituyendo un modelo basado en mérito y oposición por uno más discrecional;
- la creación de un centro de formación bajo control gubernamental;
- la concesión del estatus pleno a unos 1.300 jueces y fiscales sustitutos sin examen;
- el refuerzo del poder del Fiscal General del Estado, nombrado por el Ejecutivo, eliminando contrapesos internos;
la propuesta de atribuir al Ministerio Fiscal la dirección de la instrucción penal, actualmente en manos de los jueces de instrucción, sin garantías suficientes de independencia.
Los participantes coincidieron en que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de Derecho y que cualquier reforma del sistema debe reforzarla, no debilitarla. El objetivo de la audiencia fue dar voz a distintas perspectivas del sector judicial y fiscal español, con el fin de comprender a fondo el alcance de la reforma y sus consecuencias para la separación de poderes.