APROBADA LA NUEVA DIRECTIVA DE VÍCTIMAS, QUE AMPLÍA DERECHOS Y PROTEGE LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
La Presidencia del Consejo, la Comisión y el equipo negociador del Parlamento Europeo, encabezado por Javier Zarzalejos (PP) y Lucia Yar (Renew) han llegado a un acuerdo sobre la nueva Directiva de Derechos de las Víctimas de Delitos, que supone un gran avance en la equiparación de los derechos de las víctimas de delitos en toda la Unión Europea.
El eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos, ha celebrado que la Directiva incorpore medidas específicas para los colectivos más vulnerables,
así como mejoras en el derecho de participación de las víctimas en los procesos penales. Entre ellas destacan la facilitación de la denuncia, una asistencia legal más amplia y eficaz, el acceso a la compensación y el refuerzo del derecho a la protección de la identidad de las víctimas frente a sus agresores.
Por otra parte, y entre las medidas más destacadas, se encuentra, a propuesta del Partido Popular, la obligación que la Directiva impone a los Estados miembros de proteger a las víctimas frente al daño añadido que supone la vulneración de su dignidad, derivada de la exaltación y apología de delitos graves y de sus responsables, como ocurre, por ejemplo, en los homenajes a personas condenadas por terrorismo. “Esta Directiva responde a una reclamación histórica de las víctimas del terrorismo, incluidas las víctimas de ETA, que durante demasiado tiempo han visto cómo se humillaba su dignidad mediante actos de homenaje a sus verdugos”, ha subrayado Zarzalejos.
El también presidente de la comisión de Libertades del Parlamento Europeo ha negociado con éxito la introducción del derecho de las víctimas de recibir toda la información que se genere en el curso del procedimiento judicial que les afecten, concediéndoles una mayor protección en los procedimientos que les afectan. Además, las víctimas deberán ser informadas de que su agresor ha sido puesto en libertad bajo vigilancia judicial, transferido a una ubicación diferente u haya obtenido beneficios penitenciarios, una reducción de la condena o una extinción anticipada de la responsabilidad penal.
Ahora será necesario asegurar que los Estados trasponen la directiva de una manera rigurosa y rápida, actualizando así el texto de 2012 que está en vigor.