APROBADA LA NUEVA DIRECTIVA ANTICORRUPCIÓN QUE ADVIERTE DEL RIESGO DE QUE LAS AMNISTÍAS E INDULTOS A CARGOS PÚBLICOS “SOCAVAN LA CONFIANZA PÚBLICA”
El pasado 3 de diciembre se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión para la aprobación de la nueva Directiva Anticorrupción de la Unión Europea, un texto que incorpora por primera vez una advertencia explícita contra el uso de amnistías, indultos, privilegios o inmunidades que puedan proteger indebidamente a cargos públicos investigados o condenados por corrupción.
La Directiva subraya que este tipo de medidas pueden socavar la confianza pública y resultar incompatibles con los objetivos europeos de integridad y rendición de cuentas.
El eurodiputado del Partido Popular y presidente de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), Javier Zarzalejos, celebró el acuerdo alcanzado y destacó su alcance político. “La Unión Europea envía un mensaje muy claro: no puede haber espacios de impunidad para la corrupción, y menos aún cuando afectan a responsables públicos”, señaló, subrayando que la Directiva introduce límites claros frente al uso abusivo de medidas de gracia en el ámbito político.
El texto final establece que los Estados miembros deben garantizar que los privilegios e inmunidades puedan levantarse mediante procedimientos objetivos, imparciales, eficaces y transparentes. “Los privilegios o inmunidades no pueden convertirse en un obstáculo para la acción de la justicia; proteger indebidamente a los cargos públicos destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, afirmó Zarzalejos, en referencia a uno de los puntos centrales del acuerdo.
Además, la nueva Directiva obliga a los Estados miembros a informar a Bruselas de todos los indultos concedidos en relación con delitos de corrupción, creando por primera vez un mecanismo europeo de transparencia verificable. Para Zarzalejos, esta obligación refuerza el control democrático: “No se prohíben las amnistías o los indultos, pero se establecen límites claros cuando afectan a la rendición de cuentas. Europa eleva así su nivel de escrutinio frente a cualquier intento de blindaje político”. El acuerdo deberá ser ahora ratificado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para su entrada en vigor.