EL PARLAMENTO EUROPEO DA LUZ VERDE A AGILIZAR LOS RETORNOS DE INMIGRANTES IRREGULARES FRENTE AL MODELO DE SÁNCHEZ EN ESPAÑA
El pasado 26 de marzo, el Parlamento Europeo dio un paso decisivo en la reforma de la política migratoria de la Unión al aprobar la apertura de negociaciones con el Consejo sobre el nuevo reglamento de retornos. El texto, impulsado por el Partido Popular Europeo, busca reforzar la credibilidad del sistema migratorio europeo y mejorar la eficacia en la gestión de la inmigración irregular, en un contexto en el que apenas el 20% de las órdenes de retorno se ejecutan en la UE, una cifra que en España desciende hasta el 9,7%.
El eurodiputado del Partido Popular y presidente de la comisión de Libertades Civiles (LIBE), Javier Zarzalejos, valoró positivamente el resultado de la votación y subrayó que este reglamento constituía la pieza clave para completar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para junio. A su juicio, Europa avanzó hacia un modelo más eficaz y coherente, frente a la falta de resultados en algunos Estados miembros.
En particular, Zarzalejos contrapuso este avance europeo con la política migratoria del Gobierno de España, al que reprochó la ausencia de una estrategia eficaz para controlar la inmigración irregular y su apuesta por fórmulas como las regularizaciones masivas. En su opinión, estas medidas debilitan la credibilidad del sistema y generan un efecto llamada incompatible con una gestión ordenada de los flujos migratorios.
La reforma plantea la sustitución del marco vigente desde 2008 mediante normas más estrictas y homogéneas entre los Estados miembros. Entre los principales cambios, destaca el refuerzo del reconocimiento mutuo de decisiones de retorno, lo que permitirá ejecutar expulsiones dictadas en otros países de la Unión, así como una mayor cooperación con terceros países y con agencias europeas como Frontex, en contraste con la limitada capacidad de ejecución que reflejan los datos nacionales.
Asimismo, el nuevo reglamento incorpora medidas destinadas a aumentar la eficacia de los retornos, como mayores obligaciones de cooperación para los inmigrantes en situación irregular, incluyendo identificación y datos biométricos, prohibiciones de entrada de hasta diez años y la priorización de retornos en casos que supongan riesgos para la seguridad. También se establece un marco de detención de hasta 24 meses con garantías, reforzando así un enfoque equilibrado entre eficacia y respeto de derechos fundamentales.
Zarzalejos defendió que esta reforma respondía a la necesidad de avanzar hacia un modelo migratorio “ordenado, regular y vinculado al mercado laboral”, insistiendo en que la Unión Europea debía garantizar vías legales al tiempo que combatía las rutas irregulares. En este sentido, subrayó que el nuevo reglamento no solo refuerza el retorno voluntario y las garantías, sino que también contribuye a desincentivar la inmigración ilegal y a combatir las redes de tráfico, marcando una clara diferencia con políticas nacionales que, a su juicio, han demostrado ser insuficientes.