ZARZALEJOS REIVINDICA EN AMLA UNA RESPUESTA EUROPEA COORDINADA FRENTE AL BLANQUEO DE CAPITALES
El presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, intervino el pasado 9 de junio en Frankfurt en la primera Conferencia Anual de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA). En su intervención, subrayó el carácter estratégico del nuevo
organismo y defendió que su puesta en marcha supone “un momento de definición institucional” para la Unión Europea en un ámbito clave para la protección del Estado de derecho.
Zarzalejos felicitó a la presidenta de la institución, Bruna Szego, y a su equipo por el trabajo realizado para poner en funcionamiento la agencia y destacó las elevadas expectativas que acompañan su creación. En este sentido, recordó que el blanqueo de capitales “no es una cuestión meramente técnica”, sino un fenómeno directamente vinculado al crimen organizado, el terrorismo y la corrupción. “No es un crimen sin víctimas: es el sistema circulatorio del crimen organizado”, señaló, subrayando su impacto directo sobre la confianza en las instituciones democráticas.
El eurodiputado situó la reforma europea contra el blanqueo en un cambio de enfoque estructural, al pasar de sistemas fragmentados a un modelo de acción coordinada a escala europea. En este contexto, defendió el refuerzo del papel del conjunto de la economía legal en la prevención de estas prácticas, incluyendo sectores como el inmobiliario, los servicios profesionales o los bienes de alto valor. Según recordó, “el 86% de las redes criminales más peligrosas logran infiltrarse en la economía legal”, en referencia a datos de Europol.
Finalmente, Zarzalejos insistió en que la eficacia de las nuevas herramientas debe ir acompañada de plenas garantías jurídicas. En sus palabras, “eficacia y respeto a los derechos fundamentales no son objetivos contrapuestos, sino que se refuerzan mutuamente”, subrayando la necesidad de asegurar la protección de datos, la proporcionalidad y el control en el acceso a la información sensible.