NOVEDADES EN LA ARQUITECTURA LEGAL DE LA UNIÓN EUROPEA
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del celebró los pasados días 24 y 25 junio una sesión en la que se debatió y se sentaron las bases para una transformación en la seguridad, la cooperación judicial y el control tecnológico en la Unión Europea. La reunión estuvo marcada por cuatro grandes ejes: la soberanía digital, el fortalecimiento de Europol, la reforma de la cooperación judicial y el diseño de la futura estrategia anticorrupción.
La vicepresidenta Virkkunen y la soberanía tecnológica
El primer gran bloque de debate giró en torno al diálogo estructurado con Henna Virkkunen, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia. Virkkunen expuso la hoja de ruta de la UE para liderar el sector de la inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube, destacando la reciente propuesta de la Ley de Desarrollo de IA y Nube (CADA), presentada en junio de 2026. Esta normativa busca consolidar la soberanía de datos europea frente a los gigantes tecnológicos extranjeros.
Asimismo, se abordó la implementación de la Ley de Redes Digitales (DNA) y los avances en la protección de los menores en la red. Sobre este último punto, Virkkunen hizo referencia a la cuestión de la verificación de edad por que aboga la Comisión Europea en el marco del Reglamento para prevenir y combatir el abuso sexual infantil.
Una Europol más operativa y fuerte
La seguridad tradicional y la seguridad digital de la Unión Europea requiere herramientas de coordinación policial más potentes. En este sentido, el Comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, presentó la propuesta para reforzar el mandato de Europol.
La iniciativa pretende convertir a Europol en una agencia policial «verdaderamente operativa», con el objetivo a largo plazo de duplicar su personal para reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad nacionales. La reforma busca optimizar la capacidad tecnológica de la agencia para luchar contra nuevas amenazas, mejorar la cooperación con terceros países y el sector privado, e implementar mecanismos de control y supervisión democrática mucho más estrictos.
Reformas en la cooperación judicial
La justicia transfronteriza se enfrenta a retos novedosos debido a la creciente digitalización y la sofisticación de la delincuencia, lo que ha motivado a la Comisión a preparar un paquete legislativo de tres pilares. Este fue presentado ante la Comisión LIBE por Ana Gallego, Directora General de Justicia y Consumidores (DG JUST) de la Comisión Europea.
Esta ambiciosa reforma incluye, en primer lugar, una revisión del Reglamento de Eurojust (Reglamento 2018/1727) para dotar a la agencia de un carácter más proactivo y de reglas más claras para el intercambio de datos internacionales entre los Estados miembros y terceros. En segundo lugar, se proponen enmiendas a la Directiva sobre la Orden Europea de Investigación (Directiva 2014/41/CE) para agilizar la obtención de pruebas en el extranjero y facilitar la participación por vía telemática de sospechosos, acusados y víctimas en procesos judiciales. Finalmente, la actualización del Reglamento sobre protección de datos por las instituciones de la UE (Reglamento 2018/1725 – EUDPR) unificará los criterios de seguridad de la información entre las distintas agencias de justicia y seguridad comunitaria.
Hacia una estrategia anticorrupción común
El cierre de la sesión estuvo dedicado a la lucha contra las prácticas ilícitas que erosionan la confianza en las instituciones y los Estados democráticos de Derecho. Ana Gallego lideró un intercambio de opiniones sobre la futura Estrategia Anticorrupción de la UE, cuya adopción definitiva por parte de la Comisión todavía está pendiente.
Esta estrategia se encuentra actualmente bajo consulta pública y pretende integrar la lucha contra la corrupción en todas las políticas comunitarias. El nuevo marco complementará la Directiva de lucha contra la corrupción y tratará de subsanar los vacíos legales existentes mediante medidas preventivas no legislativas, reforzando el Estado de derecho frente al crimen organizado.
Todo ello con el fin de salvaguardar un espacio común de libertad, seguridad y justicia en los próximos años.